La crisis sucesoria
Tras la muerte de Fernando VII en 1833, se inició el conflicto por la sucesión a la corona de España.
Su hija primogénita fue proclamada reina con el nombre de Isabel II con solo tres años de edad, quedando su madre María Cristina de Borbón como regente.
Sin embargo, el infante don Carlos, el siguiente varón de la familia real, que había sido el heredero durante los últimos 25 años, se negó a reconocer los derechos de su sobrina y se proclamó legítimo heredero de la Corona, tal y como llevaba tres años anunciando, desde que nació la infanta Isabel.
Pocos días después de la muerte de Fernando VII, los partidarios de don Carlos, los carlistas, se levantaron en armas en diversas regiones de España.
Lo que había comenzado como un conflicto dinástico se convirtió rápidamente en una guerra civil, pues detrás de Isabel y de don Carlos se agrupaban también dos formas enfrentadas de entender la monarquía, la sociedad y la política del país.
¿Quiénes eran los isabelinos y qué defendían?
Los isabelinos o liberales apoyaban los derechos al trono de Isabel II y, durante su minoría de edad, la regencia de su madre, María Cristina de Borbón, por lo que también se les llamaba cristinos.
Provenían de diferentes estratos sociales con políticas muy diversas, siendo principalmente gente de ideas liberales, funcionarios, militares, miembros de la burguesía urbana y una parte de la nobleza. La mayoría vivía en ciudades, trabajaban en la Administración del Estado o en el Ejército regular.
Los isabelinos no formaban un bloque ideológico homogéneo. María Cristina no era liberal, pero necesitaba el respaldo de los liberales para defender el trono de su hija.
Esta alianza favoreció la construcción progresiva de una monarquía constitucional y el desmantelamiento de buena parte de las estructuras del Antiguo Régimen.
Sin embargo, los partidarios de Isabel estaban divididos por el alcance y la velocidad de las reformas. Los moderados defendían una monarquía fuerte, un sufragio muy restringido y pocos cambios muy controlados; por el contrario, los progresistas reclamaban mayores libertades y cambios, una representación política más amplia y límites más claros al poder de la Corona.
Ambos grupos apoyaban a Isabel II y combatían a los carlistas, pero defendían proyectos políticos diferentes. Su alianza nació principalmente de la necesidad.
¿Quiénes eran los carlistas y qué defendían?
Los carlistas o tradicionalistas eran los partidarios de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, a quien consideraban Carlos V, el legítimo heredero de la Corona frente a Isabel II.
Para ellos, la disputa sucesoria no era solamente una cuestión familiar: suponía la defensa de la legitimidad dinástica tradicional y de un modelo político, religioso y social amenazado.
Reivindicaban una monarquía tradicional y profundamente católica, asentada en los principios del Antiguo Régimen. Rechazaban el liberalismo y buena parte de sus reformas, especialmente aquellas que reducían la autoridad del rey, debilitaban la influencia de la Iglesia o alteraban el orden social heredado.
La defensa de la religión católica y del papel central del clero fue, por tanto, uno de los principales elementos de cohesión del movimiento.
En territorios como Navarra y las provincias vascas, también adquirió especial importancia la defensa de los fueros, es decir, de sus leyes, privilegios e instituciones propias.
Buena parte de los militantes carlistas provenían de sectores como el clero, la pequeña nobleza, los campesinos y numerosas comunidades rurales, aunque no se limitó exclusivamente a ellos.
Aunque de ideología mucho más homogénea que en el bando liberal, dentro de los carlistas también había diferentes corrientes de pensamiento y algunas divisiones internas.
Más que una simple reacción contra Isabel, el carlismo representaba la resistencia de la España tradicional ante el avance del Estado liberal.
Dos bandos poco homogéneos
Aunque carlistas e isabelinos representaban dos grandes formas de entender España, ninguno de los dos bandos constituía un bloque homogéneo.
No todos los carlistas defendían las mismas ideas ni concedían igual importancia a la religión, la monarquía tradicional o los fueros.
Igualmente, no todos los isabelinos eran liberales: algunos apoyaron su causa por fidelidad a la regente, por intereses profesionales, económicos o simplemente porque pensaban que ofrecía mayores garantías de estabilidad.
En aquellos años España estaba completamente politizada y dividida y era casi imposible ser neutral, o se era de un bando o se era del otro.
Aparte de los motivos ideológicos, la elección de bando estaba muy condicionada por factores familiares, económicos y regionales. Las lealtades personales, las rivalidades locales o la necesidad de proteger propiedades y posiciones sociales o empleos podían pesar tanto o más que las convicciones políticas.
Además, en algunas regiones como Vascongadas o Navarra la defensa de los fueros adquirió una relevancia especial, mientras que en otras zonas los carlistas no tenían ninguna reclamación al respecto.
Por ello, reducir el conflicto a una simple lucha entre absolutistas y liberales es una simplificación que oculta una realidad mucho más compleja y llena de matices.
El cambio en la línea de sucesión
Desde la subida al trono de Fernando VII en 1808, el sucesor a la corona había sido el siguiente hermano varón, el infante Carlos María Isidro y dentro de la familia real existían también las dos facciones que dividían al resto de España.
Tras el fallecimiento de su tercera esposa, el rey bastante enfermo y avejentado, influido por algunos familiares, decidió volver a contraer matrimonio. Siete meses después de enviudar contrajo matrimonio y de forma casi milagrosa, 43 semanas después de la boda su cuarta esposa daba a luz una hermosa y sana niña.
A las lógicas sospechas de algunos malpensados por la inesperada paternidad del rey, se sumó durante el embarazo de la reina un cambio de ley cuya legalidad era bastante cuestionable.
La Pragmática Sanción
Sin entrar en detalles, desde hacía 117 años se aplicaba en España la ley Sálica traída por los Borbones. Según dicha ley si el rey tenía una niña, el infante don Carlos seguía siendo el heredero a la corona.
Dicha ley, una ley fundamental del estado, no podía ser cambiada por real decreto, si no que tenía que ser aprobada por las Cortes, que en aquella época eran mayoritariamente simpatizantes de don Carlos.
De forma totalmente inesperada, justo cuando más falta hacía, apareció un antiguo documento de 41 años, un acta de las Cortes de 1789, según la cual se había aprobado en sesión la anulación de la Ley Sálica, decidiendo en esa misma sesión mantener en secreto dicho cambio de ley.
Cumplido así el formalismo legal de su aprobación en las Cortes, bastó con una firma del rey y su publicación en la Gaceta de Madrid, para cambiar la ley sucesoria y dejar fuera de la sucesión al infante don Carlos.
El conflicto sucesorio
Aparte de la dudosa autenticidad y legalidad de esa acta de las Cortes, sobre la que hay infinidad de argumentos tanto a favor como en contra, desde el primer día de la publicación de la Pragmática Sanción, el infante don Carlos y sus seguidores manifestaron su oposición a dicho cambio de ley por las irregularidades existentes en su aprobación.
Estando las cosas así, para los carlistas don Carlos era el legítimo heredero, mientras que para los isabelinos la infanta Isabel tenía que ser la reina.
Desde dicho cambio de ley, el infante don Carlos hizo público su respeto por el reinado de su hermano Fernando VII, rey legítimo para él, así como su firme oposición a reconocer a la infanta Isabel como heredera a la corona por delante de él.
El inicio de la guerra
Tras la muerte de Fernando VII, Carlos María Isidro rechazó la proclamación de Isabel II y reivindicó para sí la Corona con el nombre de Carlos V. Sus partidarios respondieron organizando levantamientos en diferentes territorios, especialmente allí donde el tradicionalismo, la influencia de la Iglesia o la defensa de los fueros contaban con mayor arraigo.
La disputa sucesoria dejó así de ser un enfrentamiento dentro de la familia real y se transformó rápidamente en una guerra civil. Entre 1833 y 1840, carlistas e isabelinos combatieron no solo por determinar quién debía ocupar el trono, sino también por imponer dos modelos distintos de monarquía y de organización política.
La derrota militar del carlismo en la Primera Guerra Carlista no supuso su desaparición. El movimiento conservó una importante capacidad de movilización y volvió a tomar las armas en otras dos guerras durante el siglo XIX, demostrando que el conflicto político e ideológico permanecía sin resolver.
