De princesa napolitana a reina de España
María Cristina llegó al palacio de Aranjuez el 8 de diciembre de 1829. Tenía veintitrés años y había crecido en la corte de las Dos Sicilias, como hija del rey Francesco I y de la infanta española María Isabel.
Su hermano Fernando era el heredero de aquel trono; para ella, la familia había dispuesto un destino diferente al otro lado del Mediterráneo.
Quienes la conocieron describieron a una joven vivaz, de trato agradable y conversación despierta. Se afirma que era una excelente amazona y que pintaba bastante bien.
No llegaba a España como una figura sin rostro destinada a dar un heredero: era una persona con carácter e intereses propios. Pero en la corte de Fernando VII, su matrimonio iba a convertirla, desde el primer día, en el centro de una disputa por la sucesión.
El rey español era su tío materno y acababa de enviudar por tercera vez. Seguía sin un heredero que sobreviviera, por lo que su hermano Carlos María Isidro ocupaba el primer lugar en la sucesión. El nuevo matrimonio podía cambiarlo todo.
Al día siguiente de su llegada a Aranjuez se celebraron los esponsales. Fernando VII estuvo representado por poderes por su propio hermano Carlos María Isidro, el hombre que hasta entonces ocupaba el primer lugar en la sucesión.
Don Carlos participaba así en una ceremonia que podía acabar con sus esperanzas de reinar. La boda, impulsada por Luisa Carlota, hermana de María Cristina y esposa del infante Francisco de Paula, abría la posibilidad de que Fernando tuviera por fin un hijo. Para don Carlos y su entorno, aquella unión amenazaba una sucesión que hasta entonces parecía a su alcance.
La imagen resulta difícil de olvidar: el posible heredero ocupaba el lugar del novio en la boda que podía apartarlo del trono. Fernando VII tenía otro hermano, Francisco de Paula, que habría recibido de buen grado aquel papel. ¿Quiso el rey incomodar a don Carlos al elegirlo a él? No conocemos sus motivos, pero resulta difícil no ver la ironía de la escena.
María Cristina entró así en una corte dividida donde su posible maternidad era ya un asunto político. Todavía no gobernaba ni sabía que acabaría haciéndolo en nombre de una hija. Pero, desde su llegada, la pregunta sobre quién sucedería a Fernando VII había adquirido una urgencia nueva.
La defensa de los derechos de Isabel
La llegada de María Cristina había abierto una posibilidad que inquietaba a los partidarios de don Carlos. En marzo de 1830, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción, que permitía a una hija suya heredar la Corona por delante de su hermano. Semanas después se hizo público el embarazo de la reina. Ya no era necesario que el bebé fuera varón para alterar el orden sucesorio.
El 10 de octubre nació Isabel. Para María Cristina, su hija era la futura heredera; para los partidarios de don Carlos, la disputa seguía abierta. La reina fue ganando espacio en la corte mientras se restringía la presencia del infante y su familia en algunos ámbitos palaciegos.
La amenaza se hizo real en septiembre de 1832. Fernando VII enfermó gravemente en el palacio de La Granja y quienes apoyaban la sucesión de don Carlos aprovecharon la crisis. Presionada por los partidarios del infante y temerosa de lo que pudiera sucederles a sus hijas si el rey moría, María Cristina instó a Fernando a firmar un decreto que derogaba la Pragmática Sanción.
Para evitar revuelos, se pidió expresamente que la firma de dicho documento derogatorio permaneciese en secreto, pero ese mismo día en el Palacio de la Granja ya muchos en la corte trataban al infante don Carlos de Majestad.
No se sabe a ciencia cierta quien desveló el secreto de dicha firma, pero las sospechas recayeron principalmente sobre Tadeo Calomarde, entonces ministro de Gracia y Justicia, azote de los liberales y claro simpatizante de los absolutistas.
Si dicha derogación se hacía efectiva, Isabel perdería sus derechos al trono en favor de su tío Carlos.
Inesperadamente Fernando VII se recuperó. En aquellos días intervino con contundencia Luisa Carlota, hermana de María Cristina y firme defensora de los derechos de su sobrina Isabel.
Su actuación ayudó a cambiar el equilibrio en la corte. Finalmente, el 31 de diciembre, Fernando VII anuló el decreto derogatorio: la Pragmática Sanción seguía en pie e Isabel conservaba su lugar en la sucesión.
La crisis había mostrado a María Cristina lo frágil que era la posición de su hija. Durante la convalecencia del rey recibió, además, el encargo temporal de despachar los asuntos de gobierno. Era un anticipo de la responsabilidad que pronto recaería sobre ella.
María Cristina, reina gobernadora
Fernando VII murió el 29 de septiembre de 1833, pocos días antes de que Isabel cumpliera tres años. María Cristina quedó como regente del reino durante la minoría de edad de su hija. Don Carlos y sus partidarios rechazaron la sucesión de la niña, y la disputa dinástica dio paso a la Primera Guerra Carlista.
Pero María Cristina no afrontó aquella crisis sin apoyos. Desde su matrimonio con Fernando VII, la posibilidad de que el rey tuviera descendencia había alterado el equilibrio de la corte. El acercamiento a los liberales fue gradual y se hizo mucho más visible tras los Sucesos de La Granja.
En octubre de 1832, el gobierno decretó una amnistía que permitió regresar a numerosos exiliados liberales. Durante los últimos meses del reinado de Fernando VII también se apartó de puestos militares a partidarios de don Carlos. Estas decisiones dificultaron que los carlistas contaran con mandos y unidades del ejército cuando comenzó la guerra.
La regencia actuó después contra los Voluntarios Realistas, entre quienes don Carlos tenía importantes apoyos: en octubre de 1833 ordenó su desarme y, en febrero de 1834, creó la Milicia Urbana. El desarme encontró resistencias y no impidió que antiguos voluntarios se incorporaran a la causa carlista.
Aquellas decisiones limitaron la capacidad militar de los carlistas al comenzar la guerra. No eliminaron, sin embargo, su fuerza social ni impidieron que organizaran tropas capaces de sostener el conflicto durante años.
Para María Cristina, la defensa de Isabel seguía siendo una cuestión íntima y política a la vez: proteger a sus hijas exigía conservar la Corona en un país dividido. Como reina gobernadora, profundizó en la búsqueda de aliados liberales.
Una alianza cada vez más difícil
María Cristina necesitaba a los liberales para defender el trono de Isabel, pero eso no significaba que compartiera todas sus aspiraciones. El Estatuto Real de 1834 permitió reunir las Cortes dentro de un marco de reformas limitadas.
Para los liberales progresistas resultaba insuficiente; la regente, por su parte, trataba de dirigir los cambios sin perder autoridad sobre ellos. La guerra contra los carlistas hacía imprescindible la alianza y, al mismo tiempo, aumentaba las exigencias de quienes sostenían su causa.
La tensión estalló en agosto de 1836, cuando una sublevación de sargentos en La Granja obligó a María Cristina a restablecer la Constitución de 1812 y a aceptar un gobierno progresista.
Era el mismo palacio donde, cuatro años antes, había peligrado la sucesión de su hija; esta vez, la presión venía de hombres que defendían el trono de Isabel, pero reclamaban un cambio político más profundo. De aquella crisis salió la Constitución de 1837.
María Cristina había conseguido apoyos decisivos para su hija, aunque ya no podía marcar por sí sola el rumbo del gobierno. Su relación con los liberales seguiría oscilando entre la cooperación y el enfrentamiento. Esa tensión terminaría costándole la regencia en 1840.
Una reina en tiempos de cambio
María Cristina llegó a España para casarse con Fernando VII, pero la sucesión de sus hijas la situó en el centro de una lucha que transformaría el país. Primero defendió los derechos de Isabel frente a quienes apoyaban a don Carlos; después, como reina gobernadora, tuvo que sostenerlos durante una guerra civil.
Para lograrlo buscó el apoyo de los liberales, aunque sus demandas de cambio chocaron más de una vez con su manera de entender la Corona. Su historia muestra hasta qué punto podían entrelazarse los intereses de una madre, las decisiones de una gobernante y el futuro político de España. Aquella princesa napolitana que llegó a Aranjuez en 1829 acabaría siendo una figura decisiva en el paso de la monarquía absoluta al Estado liberal.
