Fernando VII y el cambio en el orden sucesorio
Fernando VII no tenía hijos y mientras no tuviera descendencia directa, su hermano Carlos María Isidro ocupaba el primer lugar en la sucesión.
Antes de la Pragmática Sanción de 1830, desde 1713 imperaba la Ley Sálica de manera que, si Fernando VII tenía una hija, don Carlos seguía siendo el sucesor a la corona. Sin embargo, si el rey tenía un hijo, este sería el heredero de la corona.
La Pragmática Sanción, promulgada cuando estaba embarazada la cuarta esposa del rey, modificó ese orden: si el rey tenía una niña, esta también heredaría la Corona, relegando a su tío don Carlos a un segundo puesto.
Antes de los Borbones, las mujeres podían heredar la Corona
Desde los tiempos de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, las Siete Partidas permitían que una mujer heredase la Corona de Castilla. La Partida Segunda establecía que, si el rey moría sin hijos varones legítimos, su hija mayor debía sucederlo, con preferencia sobre los hermanos del monarca y otros parientes varones de líneas más alejadas.
Este principio hizo posible que reinas como Isabel I y Juana I heredasen el trono castellano. La norma se mantuvo como referencia sucesoria hasta que Felipe V, el primer rey Borbón, introdujo en 1713 un nuevo reglamento tradicional de Francia, que otorgaba preferencia a los varones de todas las líneas dinásticas.
Conviene precisar, sin embargo, que las Partidas eran leyes castellanas: los demás reinos de Las Españas conservaban sus propias tradiciones jurídicas. No obstante, por el predominio político, demográfico y fiscal de Castilla, su legislación terminó convirtiéndose en la principal referencia para regular la sucesión de la Monarquía española.
Felipe V cambió las reglas sucesorias en 1713
Felipe V, modificó el sistema tradicional durante la etapa final de la guerra de Sucesión. El 10 de mayo de 1713 promulgó el Nuevo Reglamento de Sucesión, también conocido como Auto Acordado, inspirado en el modelo dinástico francés.
Aunque habitualmente se denomina Ley Sálica, no excluía completamente a las mujeres, como hacía la norma francesa, sino que las relegaba frente a los varones de todas las líneas familiares.
La diferencia con las Partidas era fundamental: anteriormente, la hija de un rey tenía preferencia sobre el hermano del monarca; desde 1713, los hermanos, primos o sobrinos del rey y los demás parientes varones podían situarse por delante de sus hijas.
Las mujeres únicamente podrían heredar cuando se hubieran extinguido las principales líneas masculinas de la dinastía.
¿La ley secreta de Carlos IV?
Según algunos documentos, en 1789, Carlos IV planteó a las Cortes el restablecimiento del orden sucesorio tradicional de las Partidas. En las actas publicadas décadas después, los procuradores solicitaron por unanimidad la derogación del Reglamento de 1713 y el rey respondió que ordenaría expedir la correspondiente Pragmática Sanción.
Sin embargo, Carlos IV mandó mantener en secreto lo acordado. La nueva norma no fue promulgada públicamente ni apareció en la Novísima Recopilación de 1805, donde continuaba figurando como vigente el sistema sucesorio establecido por Felipe V. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿llegó realmente aquel acuerdo a convertirse en ley?
Los defensores de Isabel sostenían que Carlos IV ya había sancionado la reforma y que Fernando VII se limitó a firmarla y publicarla en 1830 para convertirla efectivamente en ley.
Los partidarios de don Carlos, por el contrario, consideraban que el procedimiento había quedado incompleto y que no podía reanudarse cuarenta y un años después, bajo otro monarca y en unas circunstancias sucesorias completamente diferentes, sin convocar nuevamente a las Cortes.
Por ello, más que una ley secreta plenamente vigente, el acuerdo de 1789 fue una decisión mantenida en reserva cuya posterior validez jurídica se convertiría en el centro de la disputa dinástica.
La decisión de Fernando VII
Cuando Fernando VII contrajo su cuarto matrimonio con María Cristina de Borbón, en diciembre de 1829, todavía no tenía descendencia. Según el Reglamento sucesorio de 1713, su hermano Carlos María Isidro continuaba siendo el heredero de la Corona.
La posibilidad de que la nueva reina tuviera una hija obligaba al monarca a resolver cuanto antes la cuestión sucesoria. El 29 de marzo de 1830, cuando su esposa ya estaba embarazada, Fernando VII ordenó publicar la Pragmática Sanción acordada durante el reinado de su padre.
La medida restablecía el sistema tradicional de las Partidas: las hijas del rey tendrían preferencia sobre sus tíos y los demás varones de las líneas colaterales. Aplicando esa ley, cuando Isabel nació el 10 de octubre de ese mismo año, se convirtió en heredera y don Carlos quedó desplazado al segundo lugar.
Fernando VII no presentó la medida como una nueva modificación de las reglas sucesorias, sino como la publicación de una decisión adoptada por Carlos IV y las Cortes de 1789. De esta forma evitaba convocar nuevamente a las Cortes y defendía que únicamente estaba completando un procedimiento pendiente.
Precisamente ahí nació la controversia: para los isabelinos, Fernando se limitó a dar vigencia a una reforma discutida en las cortes tiempo atrás; para los partidarios de don Carlos, convirtió en ley de forma bastante irregular un procedimiento inconcluso después de cuarenta y un años.
La reacción de don Carlos y sus partidarios
La publicación de la Pragmática Sanción sorprendió a los partidarios de Carlos María Isidro. Hasta entonces, el infante era el heredero de su hermano y se había convertido en la principal referencia de los sectores absolutistas.
El nacimiento de Isabel en octubre de 1830, tras la publicación de la Pragmática Sanción, lo relegó al segundo lugar de la sucesión.
La oposición de los partidarios de don Carlos fue firme y muchos absolutistas querían dar un golpe de estado para nombrar al infante rey de España por la fuerza. Varias de esas intentonas fueron paradas por el propio don Carlos quien aseguró en varias ocasiones que no permitiría ningún tipo de acción contra su hermano Fernando VII, el legítimo rey por la Gracia de Dios.
Es importante señalar que don Carlos era una persona de profundas convicciones religiosas y creía que todo en su vida estaba dirigido directamente por el Altísimo. Comento esto porque es importante aclarar que durante bastantes años el propio don Carlos paró las intentonas de sus partidarios para darle la corona.
Pero al igual que esto lo dejó muy claro, desde la publicación de la Pragmática Sanción hizo público su desacuerdo con esa ley, manifestando que, aunque respetaba el reinado de su hermano, se oponía rotundamente a la sucesión si nacía una niña y que dado ese caso, cuando faltase su hermano reclamaría sus derechos al trono, tal y como hizo.
Los sucesos de La Granja: la Pragmática derogada y restablecida
En septiembre de 1832, Fernando VII enfermó gravemente mientras se encontraba en el Palacio de La Granja. Los médicos llegaron a temer por su vida y María Cristina se preparó para asumir la regencia en nombre de Isabel, que todavía no había cumplido dos años.
Los partidarios de don Carlos aprovecharon la situación. Varios ministros y diplomáticos extranjeros aseguraron a la reina que el Ejército no la apoyaría y que la única forma de evitar una guerra civil era devolver al infante sus derechos sucesorios.
Atemorizada ante el futuro que esperaba a sus hijas y al país, María Cristina convenció a su esposo para que firmara el 18 de septiembre la derogación de la Pragmática Sanción.
El rey dio instrucciones para que el decreto permaneciera en secreto hasta su muerte, pero la noticia comenzó a circular y muchos cortesanos empezaron a tratar a don Carlos de alteza.
Sin embargo, Fernando VII se recuperó inesperadamente. Los ministros más próximos a don Carlos fueron apartados y se formó un nuevo Gobierno, más progresista, presidido por Francisco Cea Bermúdez, que se encargó de asegurar la sucesión de Isabel.
Finalmente, el 31 de diciembre, Fernando declaró nula la derogación, alegando que la había firmado enfermo y engañado. La Pragmática volvía a estar en vigor, pero la reconciliación entre los dos bandos ya parecía imposible.
La negativa del infante don Carlos
En la primavera de 1833, Fernando VII intentó cerrar definitivamente la cuestión sucesoria. Para ello pidió a su hermano, que se encontraba en Portugal, que reconociera y jurara a Isabel como princesa de Asturias y legítima heredera de la Corona.
Don Carlos respondió el 29 de abril. Aunque mantuvo un tono afectuoso hacia Fernando, su negativa fue inequívoca. Afirmó que no podía prestar el juramento porque estaba convencido de que los derechos legítimos a la Corona le correspondían.
Presentaba su decisión no como fruto de la ambición personal, sino como una obligación de conciencia y una defensa de las leyes fundamentales de la monarquía.
Fernando VII consideró aquella respuesta un desafío a su autoridad y ordenó a su hermano que se trasladara al Vaticano y no regresara a España. Don Carlos ignoró la orden y permaneció en Portugal.
El 20 de junio de 1833, las Cortes juraron solemnemente a Isabel como heredera. Don Carlos no estuvo presente ni reconoció el acto.
Desde ese momento coexistieron dos legitimidades irreconciliables: la defendida por la monarquía, que reconocía a Isabel, y la de los partidarios de don Carlos, que consideraban vigente el orden sucesorio de 1713.
Una ley que no resolvió la sucesión
La Pragmática Sanción alcanzó su objetivo inmediato. Fernando VII murió, el 29 de septiembre de 1833. Ese mismo día su hija Isabel fue proclamada reina bajo la regencia de su madre, María Cristina. Sin embargo, no se consiguió que aquella sucesión fuera aceptada por todos.
Para los defensores de Isabel, el acuerdo de las Cortes de 1789, su promulgación en 1830 y la jura realizada en las cortes en 1833, legitimaban plenamente sus derechos.
Sin embargo, para los partidarios de don Carlos, el Reglamento sucesorio de 1713 nunca había sido derogado mediante un procedimiento válido y, por tanto, el hermano del rey continuaba siendo el heredero legítimo. A penas dos días después de la muerte del rey, el 1 de octubre, desde Portugal Carlos María Isidro hizo público el manifiesto de Abrantes donde reclamó la Corona con el nombre de Carlos V.
La disputa tampoco era exclusivamente dinástica. Alrededor de cada candidato fueron agrupándose distintas ideas sobre la religión, la monarquía, los fueros y el futuro político de España. María Cristina terminó buscando el apoyo de los liberales, mientras que don Carlos se convirtió en la esperanza de los defensores de la monarquía tradicional.
La Pragmática decidió oficialmente quién debía ocupar el trono, pero no resolvió quién era considerado legítimo para hacerlo. La controversia sucesoria dio lugar a varias guerras civiles durante buena parte del siglo XIX.
